México: La muerte materna, el fatal destino de campesinas e indígenas

25 de octubre de 2011 – Fuente: Agencia Inter Press Service

El Estado mexicano está en deuda con las mujeres rurales e indígenas del país, pues al privarlas de oportunidades de desa-rrollo y de servicios de salud de calidad, ellas son las más pro-pensas a morir por padecimientos ligados al embarazo, parto y puerperio.
Cuando acaba de conmemorarse el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre, las cifras oficiales muestran que los estados mexicanos con mayor población indígena o que vive en el campo poseen los indicadores más alarmantes de muerte materna, aseguran representantes de organizaciones civiles que trabajan el tema.
Así, mientras el promedio nacional de razón de muerte ma-terna (RMM) es de 53,3 decesos por cada 100.000 nacidos vivos, en el suroccidental estado de Guerrero, con alta población rural e indígena, el indicador se eleva a 103,2 muertes maternas por el mismo número de nacimientos.
Los también sureños Oaxaca y Chiapas afrontan una situación semejante: ambos estados están por encima de la media, con una RMM de 82,7 y 80,6, respectivamente.
Rafaela Schiavon, directora de Ipas-México2, explica que “estas mujeres suman una serie de vulnerabilidades por su etnicidad, bajo nivel educativo y la ausencia de acceso a oportunidades de desarrollo”, las cuales las colocan en riesgo de sufrir una muerte materna.
3 Kinal Antzetik significa en lengua maya tzeltal “Tierra de Mujeres”. Es una organización sin fines de lucro formada en diciembre de 1991 y constituida legalmente en 1995. Surge a partir de la asesoría a la cooperativa de mujeres artesanas J’Pas Joloviletik (Las que hacen tejidos, en lengua tzotzil), la cual se inicia en el año de 1991. Es una Asociación Civil que contribuye al desarrollo integral de mujeres y hombres, especialmente pueblos indígenas en México, mediante el fortalecimiento institucional; el fomento de procesos organizativos y autónomos, el trabajo comunitario, la formación, el acompañamiento, la incidencia, la atención psicosocial desde una visión sistémica con perspectiva de derechos, ciudadanía, equidad de género y respeto a la diversidad.
Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2009, un 5,7% de las mujeres de cinco años y más hablan alguna lengua indígena. El 25% tiene de 15 a 29 años, y 41,2% tiene de 30 a 59 años. Más de 60% está en edad reproductiva.
El 48% de las hablantes de lengua indígena (de cinco a 29 años) no asiste a la escuela. Tres de cada 10 de estas mujeres carece de instrucción escolar. En promedio su escolaridad es de 4,5 años.
En tanto, la población rural en el país representa 22% del total de habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2010. En México hay 95 hombres por cada 100 mujeres.
Lina Rosa Berrio, directora de Kinal Antzetik3, señala que en las zonas rurales e indígenas, la RMM duplica la me-dia nacional y existen “enormes dificultades para reducirla, debido a la inequidad en salud”.
Por ejemplo menciona que en la jurisdicción indígena de la Costa Chica de Guerrero en lo que va del año tienen registro de ocho casos de muerte materna.
“Todas ocurrieron en el traslado o en las comunidades, las cuales están absolutamente alejadas, con dificultades de acceso a servicios de salud, incluso a unidades básicas, por el gran nivel de pobreza”, detalla.
Schiavon sostiene que la ausencia de infraestructura en salud y la lejanía de los servicios son sólo una muestra de que “México tiene más pendientes que avances para garantizar la salud materna de las mujeres rurales e indíge-nas”.
Mejorar la salud materna es el quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) que México se comprometió a al-canzar en 2015 y que no va a cumplir debido al atraso en la reducción de la mortalidad materna.
El principal indicador del ODM es la disminución de la RMM en tres cuartas partes, es decir situarla en 22 por cada 100.000 nacidos vivos y México apenas está en 53,5.
Para reducir la mortalidad materna es preciso aumentar la proporción de partos asistidos por personal médico ca-pacitado. Hasta 2008 el promedio nacional de alumbramientos asistidos era de 87%, pero en Chiapas apenas alcan-zó 36,1%, en Oaxaca el 64,4% y en Guerrero 68,8%, según los Indicadores sobre el Derecho a la Salud en México, elaborado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El país también se comprometió a garantizar la universalización de la salud reproductiva a través de la disminu-ción de la necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA).
El promedio nacional de mujeres que desean utilizar algún método y no lo utilizan es de 9,8%, pero en los esta-dos con mayor población rural e indígena es superior. Por ejemplo en Chiapas es de 22,5% y en Oaxaca de 15,5. Entre 1997 y 2009, la NIA en Chiapas solo se redujo 1,2%.
Según la ENADID 2009, la prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres en edad fértil es de 72,5%, pero el indicador disminuye en Chiapas a 55, en Guerrero a 61,4 y en Oaxaca a 63,5.
La directora de Ipas-México indicó que las mujeres rurales e indígenas están expuestas en mayor medida a em-barazos no deseados por la baja cobertura anticonceptiva.
Ello se debe a que no están disponibles en los servicios de salud o porque culturalmente están expuestas a rela-ciones sexuales tempranas sin protección, ya que la desigualdad en las relaciones de género les impide negociar el uso de anticonceptivos. Esperanza Delgado, responsable de la Unidad de Evaluación e Incidencia Política en Mexfam, informó que en promedio, 12% de las adolescentes en México son madres, y esa proporción aumenta a 15% en el caso de las menores de 20 años que viven en zonas rurales y a 17% en adolescentes indígenas.
La falta de atención médica durante el periodo prenatal, el alumbramiento y después del parto, deriva en la muerte materna de las adolescentes.
En 2009, el 14% de las mujeres que fallecieron por causas maternas eran menores de 19 años, apunta Graciela Freyermuth, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
En ese año, el promedio de consultas prenatales fue de 4,7 por gestante, pero de acuerdo con Freyermuth el nú-mero de revisiones médicas durante el embarazo deben ser al menos de siete.
En este escenario, Daniela Díaz, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, acusa que el Estado mexicano está en deuda con las mujeres rurales e indígenas porque debido a su situación de desventaja, histórica-mente la muerte materna se ha concentrado en esta población.
Para subsanar esta deuda las autoridades del país deben crear una política pública en salud que acerque los ser-vicios a las comunidades geográfica y culturalmente, coincidieron las especialistas.
El reto más importante es brindar atención médica con la tecnología adecuada, pero con prestadores de salud cercanos a la cosmovisión indígena. “Es necesario fortalecer prácticas como el parto vertical en los servicios públi-cos”, concluyó Lina Berrio.
2 Fundada en 1973, Ipas es una organización internacional no gubernamental dedicada a eliminar las muertes y discapacidades evitables atribuibles al aborto inseguro. Con alianzas locales, nacionales e internacionales, Ipas trabaja para asegurar que las mujeres puedan obte-ner servicios de aborto seguros, respetuosos e integrales, que incluyan consejería y anticoncepción para evitar futuros embarazos no intencionales.

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