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MEDICINA Y SOCIEDAD 
REVISTA TRIMESTRAL - ISSN 1669-7782
Año 31, Nº4 2011

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Recurso físico y humano en laboratorios de función pulmonar de la Argentina

Arce, SC
De Vito, EL
Servicio de Neumonología y Laboratorio Pulmonar
Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari

 

Antecedentes
No existen datos objetivos sobre las características de los laboratorios de función pulmonar del país. Su relevamiento es esencial para la elaboración de políticas tendientes a homogeneizar su funcionamiento. El presente trabajo puede despejar algunas de estas incógnitas.

Objetivos
Conocer las características del recurso físico y humano de los laboratorios de función pulmonar (LFP) de la Argentina. Determinar similitudes y diferencias de acuerdo a ubicación geográfica y origen de los recursos.

Métodos
Se relevaron 35 LFP (que tuvieran la capacidad de hacer como mínimo espirometría, volúmenes pulmonares y DLCO), agrupados en A) Área Metropolitana, y B) Interior del país. El grupo A fue relevado mediante entrevistas personales con los respectivos jefes. El grupo B, mediante formularios electrónicos. A su vez, fueron divididos en de gestión pública y de gestión privada.

Resultados
Recurso físico: poco más de un tercio de los LFP son de gestión pública (laboratorios dentro de hospitales nacionales, provinciales, municipales y de universidades nacionales). Algunos están tercerizados, en todos los casos, en instituciones de gestión privada.  Los LFP funcionan desde hace 25,7 años (1 a 54), con una diferencia significativa (p<0,001) para los del grupo A1: 39,6 años (15 a 54) vs. 19,7 (3 a 40); 22,3 (12 a 30) y 19,8 (1 a 40) para grupos A2, B1 y B2 respectivamente (Gráfico 1). Los LFP públicos son más antiguos que los privados: 37,3 años (12 a 54) vs. 17,8 (1 a 40), p<0,001; a la vez que los del AMBA respecto a los del Interior: 32,5 años (3 a 54) vs. 20,1 (1 a 40), p=0,03. Casi todos los centros (97%) tienen acceso para sillas de ruedas, aunque algunos (n=6) no permiten el acceso de camillas. La mayoría (89%) tiene capacidad para regular la temperatura del ambiente local. Los tres centros que no disponen de ella pertenecen al grupo A1. De los 15 LFP que hacen pruebas de ejercicio cardiopulmonar, sólo 4 tienen baño exclusivo para sus pacientes.

Recurso humano: todos los laboratorios tienen un jefe o responsable, con designación formal en el 54% de los casos. Su experiencia y antigüedad es de 1 a 30 años, sin diferencias entre los grupos. Existe una cantidad considerable de médicos (n=118) y técnicos (n=73) desarrollando toda o parte de su práctica dentro de los LFP; con una mediana de 3 médicos y 2 técnicos por LFP, con predominio de los primeros (1,61 médicos por técnico), sin diferencias entre grupos individuales o agrupados. Sólo 2/3 de los técnicos tienen capacitación formal en pruebas de función pulmonar. La práctica de pago por prestación es escasa, tanto para médicos como para técnicos, aunque se encuentra más difundida en los centros privados (54,5% vs. 7,7% para médicos y 36,4% vs. 7,7% para técnicos). Más de 1/3 de los laboratorios no cuentan con personal administrativo que gestione al menos los turnos. El 94,1% (32/34) acuerda en que los laboratorios de función pulmonar tendrían que estar a cargo de un neumonólogo.

Discusión
La falta de uniformidad en los aspectos relevados responde a diversas causas, tales como: a) ausencia de normativas, b) LFP ubicados en espacios no diseñados para ese propósito. Todos los centros deberían garantizar la accesibilidad para pacientes discapacitados y servicios de emergencia.
La informalidad en la asignación de funciones observada puede dificultar la gestión de compras y definición de políticas, especialmente en instituciones públicas. La falta de programas de capacitación específicos para esta disciplina puede explicar la disparidad entre médicos y técnicos. Lo que puede restar eficiencia al sistema.

Conclusión
A diferencia de otras prácticas médicas, no existen normas que regulen el funcionamiento de LFP. Es necesaria la unificación de criterios en forma consensuada entre los participantes y las autoridades sanitarias, a fin de mejorar la seguridad de empleados y pacientes y garantizar un acceso uniforme y de alta calidad para pacientes, médicos y financiadores.

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